El conflicto armado interno dejo al estado guatemalteco aterrorizado. Toda la sociedad era un enemigo, persiguiendo a todo tipo de disidentes, no solo a los que estaban involucrados en actividades armadas, sino también a los que no apoyaban las actividades armadas. La represión estatal ha sido la respuesta más común de las fuerzas gubernamentales, que han utilizado todas las formas de ocupación para silenciar a sus oponentes. Las ocupaciones represivas violaron los fundamentos legales del "estado de derecho" y las fuerzas gubernamentales actuaron ilegalmente en repetidas ocasiones. Porque la persecución legal de los disidentes no funcionó en Guatemala. La represión abarcó desde formas de vigilancia y control de la población hasta políticas para exterminar a los disidentes.
El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el periodo comprendido entre 1981 y 1983, desencadenó la huida masiva de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas.
A parte de los efectos directos sobre la población, el conflicto armado tuvo altos costos, entre los cuales: El incremento del gasto militar, desvió las necesarias inversiones en salud y educación como destino de los recursos públicos, con el siguiente abandono de la atención al desarrollo social. El terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena casual y la ejecución efectiva de atrocidades.
Con las masacres, las operaciones de tierra arrasada, el secuestro y ejecución de autoridades, líderes mayas y guías espirituales, no sólo se buscaba quebrar las bases sociales de la guerrilla, sino desestructurar ante todo los valores culturales que aseguraban la cohesión y acción colectiva de las comunidades. La represión no sólo generó terror, pasividad y silencio. Paralelamente surgieron respuestas individuales y colectivas ante los efectos deshumanizadores y denigrantes de la violencia.
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